Reforma Universitaria: presente en el recuerdo y en la acción
Reforma Universitaria: presente en el recuerdo y en la acción:
Hace 86 años, los estudiantes universitarios argentinos protagonizaron una gesta que transformó radicalmente a la Universidad argentina y que expandió su propuesta ideológica a los cinco continentes.
Gracias a esa verdadera revolución, no solo se dejó atrás el oscurantismo, el elitismo y el autoritarismo, también se sentaron las bases de la Universidad de la excelencia y la masividad, la de la participación y el pensamiento crítico, la de la autonomía y la extensión. Hoy, cuando parece debilitarse el pensamiento neoconservador, los estudiantes argentinos, nos encontramos frente a una disyuntiva similar: o presenciamos el continúo deterioro de la Educación Pública o nos transformamos en protagonistas, es decir, en impulsores y actores de los cambios que las Universidades y la Educación necesitan.
Más allá de los recientes anuncios gubernamentales en torno a los aumentos salariales a los docentes y no docentes del Sistema Público de Universidades, a nadie le escapa que la Universidad Argentina se encuentra atravesada por una crisis estructural que prolonga la agonía iniciada en los albores de la década pasada. En este sentido, conviene precisar algunos de los aspectos que jalonan esta situación para poder así, explorar alternativas de superación que vuelvan a realzar el papel de la Educación Superior de nuestro país.
En primer lugar, un elemento constante y decisivo del ciclo iniciado por el autoexiliado ex presidente Menem, es el de la despresupuestación del financiamiento universitario. Durante los últimos años, se cristalizó la idea de que los costos del Sistema Universitario excedían las capacidades estatales y que este tipo de erogaciones no eran de carácter urgente, prioritario y exclusivo del Estado. De esta manera, se consolidó hasta culturalmente, la des - inversión como criterio orientador del presupuesto y se habilitó el criterio empresarial de generar fondos propios, como si eso fuera, la misión comercial de la Universidad. Así las cosas, el crecimiento de la matrícula, las necesidades edilicias y de equipamiento, los magros salarios universitarios, etc., han sido acompañadas por presupuestos congelados o deficitarios o peor aún, emparchados con contribuciones exógenas al presupuesto público. Ello explica por qué nuestro país, invierte en la educación universitaria mucho menos comparativamente que países vecinos -ni que hablar, si lo cotejamos con los países centrales -.
En segundo término, la Universidad Pública argentina se encuentra prisionera de un sistema normativo de cuño neoliberal. La mal llamada Ley de Educación Superior impulsada por el PJ en los 90, no sólo ha desvirtuado el cogobierno universitario y amedrentado la autonomía de las casas de estudio. También ha sido la argucia legal de algunas autoridades universitarias para imponer restricciones a las oportunidades de estudio de muchos jóvenes de nuestro país: exámenes de ingreso encubierto, aranceles, cupos y filtros son moneda corriente en algunas Universidades Nacionales.
En tercer lugar, el debate en torno a la calidad de la educación, se ha visto reducido a criterios de eficiencia que distorsionan el papel de la docencia y la investigación. Pareciera ser que importa más el número de graduados que produce cada casa de estudios, sin importar cuál es el tipo de profesional que se está formando, que tipo de compromiso adquiere para con la sociedad que sostuvo sus estudios y cuales son las causas de los abandonos o deserciones. A ello debemos sumarle la devaluada política de incentivos para la investigación.
En cuarto término ,y de la mano de la consolidación del proceso de exclusión estructural que afecta a más de la mitad de la población, muchos estudiantes sobreviven en la Universidad con problemas de alimentación, transporte, coste de los materiales, desempleo, etc. Frente a este fenómeno, las raquíticas prestaciones de becas en las Universidades, comparten la impotencia con la apoyatura gubernamental, que ni siquiera alcanza a cubrir al 1% de los estudiantes necesitados.
Por último y quizás el factor más decisivo en nuestra coyuntura, el divorcio entre el sistema universitario y el sistema medio es una de las manifestaciones tangibles de una situación más profunda: la inexistencia de una política de estado en torno a la educación pública. La coronación de la desigualdad educativa a través de la Ley Federal de Educación, impacta de manera directa en las posibilidades de acceso y en la calidad delas trayectorias educativas de los estudiantes. Por esta razón, el debate en torno a la calidad no puede nunca estar disociado del tipo de asistencia estatal a los más necesitados. Dicho de otro modo, la exigibilidad debe ser precedida de coberturas universales para poder garantizar una real igualdad de oportunidades.
Frente a este cuadro dramático, desde la Federación Universitaria Argentina, entendemos que ha llegado el momento de volver a otorgarle un papel prioritario a la educación universitaria como motor de desarrollo y factor de movilidad social. De allí, que entendemos como urgente la articulación de consensos en torno a la necesidad de una reforma educativa integral. Para comenzar, estructurando un espacio multisectorial donde la comunidad universitaria pueda forjar los acuerdos en torno a las transformaciones que el sistema necesita. Primero, motorizando la derogación de la normativa vigente (Ley de Educación Superior y Ley Federal de Educación) como antesala de la promoción de una legislación que respete los principios de gratuidad, ingreso directo, autonomía, cogobierno y extensión en función social para las universidades y que le devuelva la función educativa al estado nacional para el resto de los niveles. Segundo, reuniendo esfuerzos para que el Parlamento, le otorgue la centralidad que se merece, al financiamiento estatal a las Universidades en particular y a la Educación Pública, en general. Tercero, reformulando las instancias de evaluación y acreditación universitaria, permitiendo la participación de todos los claustros. Cuarto, jerarquizando las acciones de extensión universitaria con miras no sólo a potenciar las relaciones entre la Universidad y la Comunidad, sino también a enriquecer y ampliar la formación de los profesionales.
En este sentido, creemos que la Universidad tiene una responsabilidad central a la hora de generar y socializar conocimientos que puedan coadyuvar a superar el proceso de exclusión estructural que azota a la Argentina. Experiencias como la del Programa Nacional de Alfabetización Nunca es Tarde - donde más de 600 estudiantes universitarios en 12 Universidades Nacionales, realizan tareas de alfabetización de adultos y apoyo escolar para niños y adolescentes -, constituyen un buen ejemplo de compromiso y de potencialidad para avanzar en esta dirección.
A fin de cuentas, son muchas las transformaciones y los esfuerzos que se necesitan reunir para iniciar este reposicionamiento que la Educación Superior necesita. Para ello, no basta con compartir diagnósticos y elaborar propuestas. Se necesita, al igual que en 1918, del compromiso y la voluntad de todos para vehiculizarlos. A ese compromiso y a esa voluntad, los estudiantes les decimos presente porque entendemos que se trata de un desafío impostergable de la sociedad argentina en su conjunto. Es nuestro mejor homenaje para con los reformistas del 18, es nuestro mayor desafío en esta hora que nos toca vivir. Cómo rezaba el Manifiesto del 18, cómo lo dicta nuestra conciencia: Los dolores que quedan, son las libertades que faltan
Hace 86 años, los estudiantes universitarios argentinos protagonizaron una gesta que transformó radicalmente a la Universidad argentina y que expandió su propuesta ideológica a los cinco continentes.
Gracias a esa verdadera revolución, no solo se dejó atrás el oscurantismo, el elitismo y el autoritarismo, también se sentaron las bases de la Universidad de la excelencia y la masividad, la de la participación y el pensamiento crítico, la de la autonomía y la extensión. Hoy, cuando parece debilitarse el pensamiento neoconservador, los estudiantes argentinos, nos encontramos frente a una disyuntiva similar: o presenciamos el continúo deterioro de la Educación Pública o nos transformamos en protagonistas, es decir, en impulsores y actores de los cambios que las Universidades y la Educación necesitan.
Más allá de los recientes anuncios gubernamentales en torno a los aumentos salariales a los docentes y no docentes del Sistema Público de Universidades, a nadie le escapa que la Universidad Argentina se encuentra atravesada por una crisis estructural que prolonga la agonía iniciada en los albores de la década pasada. En este sentido, conviene precisar algunos de los aspectos que jalonan esta situación para poder así, explorar alternativas de superación que vuelvan a realzar el papel de la Educación Superior de nuestro país.
En primer lugar, un elemento constante y decisivo del ciclo iniciado por el autoexiliado ex presidente Menem, es el de la despresupuestación del financiamiento universitario. Durante los últimos años, se cristalizó la idea de que los costos del Sistema Universitario excedían las capacidades estatales y que este tipo de erogaciones no eran de carácter urgente, prioritario y exclusivo del Estado. De esta manera, se consolidó hasta culturalmente, la des - inversión como criterio orientador del presupuesto y se habilitó el criterio empresarial de generar fondos propios, como si eso fuera, la misión comercial de la Universidad. Así las cosas, el crecimiento de la matrícula, las necesidades edilicias y de equipamiento, los magros salarios universitarios, etc., han sido acompañadas por presupuestos congelados o deficitarios o peor aún, emparchados con contribuciones exógenas al presupuesto público. Ello explica por qué nuestro país, invierte en la educación universitaria mucho menos comparativamente que países vecinos -ni que hablar, si lo cotejamos con los países centrales -.
En segundo término, la Universidad Pública argentina se encuentra prisionera de un sistema normativo de cuño neoliberal. La mal llamada Ley de Educación Superior impulsada por el PJ en los 90, no sólo ha desvirtuado el cogobierno universitario y amedrentado la autonomía de las casas de estudio. También ha sido la argucia legal de algunas autoridades universitarias para imponer restricciones a las oportunidades de estudio de muchos jóvenes de nuestro país: exámenes de ingreso encubierto, aranceles, cupos y filtros son moneda corriente en algunas Universidades Nacionales.
En tercer lugar, el debate en torno a la calidad de la educación, se ha visto reducido a criterios de eficiencia que distorsionan el papel de la docencia y la investigación. Pareciera ser que importa más el número de graduados que produce cada casa de estudios, sin importar cuál es el tipo de profesional que se está formando, que tipo de compromiso adquiere para con la sociedad que sostuvo sus estudios y cuales son las causas de los abandonos o deserciones. A ello debemos sumarle la devaluada política de incentivos para la investigación.
En cuarto término ,y de la mano de la consolidación del proceso de exclusión estructural que afecta a más de la mitad de la población, muchos estudiantes sobreviven en la Universidad con problemas de alimentación, transporte, coste de los materiales, desempleo, etc. Frente a este fenómeno, las raquíticas prestaciones de becas en las Universidades, comparten la impotencia con la apoyatura gubernamental, que ni siquiera alcanza a cubrir al 1% de los estudiantes necesitados.
Por último y quizás el factor más decisivo en nuestra coyuntura, el divorcio entre el sistema universitario y el sistema medio es una de las manifestaciones tangibles de una situación más profunda: la inexistencia de una política de estado en torno a la educación pública. La coronación de la desigualdad educativa a través de la Ley Federal de Educación, impacta de manera directa en las posibilidades de acceso y en la calidad delas trayectorias educativas de los estudiantes. Por esta razón, el debate en torno a la calidad no puede nunca estar disociado del tipo de asistencia estatal a los más necesitados. Dicho de otro modo, la exigibilidad debe ser precedida de coberturas universales para poder garantizar una real igualdad de oportunidades.
Frente a este cuadro dramático, desde la Federación Universitaria Argentina, entendemos que ha llegado el momento de volver a otorgarle un papel prioritario a la educación universitaria como motor de desarrollo y factor de movilidad social. De allí, que entendemos como urgente la articulación de consensos en torno a la necesidad de una reforma educativa integral. Para comenzar, estructurando un espacio multisectorial donde la comunidad universitaria pueda forjar los acuerdos en torno a las transformaciones que el sistema necesita. Primero, motorizando la derogación de la normativa vigente (Ley de Educación Superior y Ley Federal de Educación) como antesala de la promoción de una legislación que respete los principios de gratuidad, ingreso directo, autonomía, cogobierno y extensión en función social para las universidades y que le devuelva la función educativa al estado nacional para el resto de los niveles. Segundo, reuniendo esfuerzos para que el Parlamento, le otorgue la centralidad que se merece, al financiamiento estatal a las Universidades en particular y a la Educación Pública, en general. Tercero, reformulando las instancias de evaluación y acreditación universitaria, permitiendo la participación de todos los claustros. Cuarto, jerarquizando las acciones de extensión universitaria con miras no sólo a potenciar las relaciones entre la Universidad y la Comunidad, sino también a enriquecer y ampliar la formación de los profesionales.
En este sentido, creemos que la Universidad tiene una responsabilidad central a la hora de generar y socializar conocimientos que puedan coadyuvar a superar el proceso de exclusión estructural que azota a la Argentina. Experiencias como la del Programa Nacional de Alfabetización Nunca es Tarde - donde más de 600 estudiantes universitarios en 12 Universidades Nacionales, realizan tareas de alfabetización de adultos y apoyo escolar para niños y adolescentes -, constituyen un buen ejemplo de compromiso y de potencialidad para avanzar en esta dirección.
A fin de cuentas, son muchas las transformaciones y los esfuerzos que se necesitan reunir para iniciar este reposicionamiento que la Educación Superior necesita. Para ello, no basta con compartir diagnósticos y elaborar propuestas. Se necesita, al igual que en 1918, del compromiso y la voluntad de todos para vehiculizarlos. A ese compromiso y a esa voluntad, los estudiantes les decimos presente porque entendemos que se trata de un desafío impostergable de la sociedad argentina en su conjunto. Es nuestro mejor homenaje para con los reformistas del 18, es nuestro mayor desafío en esta hora que nos toca vivir. Cómo rezaba el Manifiesto del 18, cómo lo dicta nuestra conciencia: Los dolores que quedan, son las libertades que faltan
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